El derecho de abandonar cualquier país, incluido el propio, ha sido reconocido como un derecho fundamental de toda persona. ² Sin embargo, cuando es ejercido por quienes egresan de la educación superior, se considera más un perjuicio causado al país de origen que un derecho fundamental. Un ex presidente de Tanzania llegó a comparar incluso al emigrante con un traidor: alguien a quien la comunidad confía sus últimas provisiones para reabastecerse y que nunca regresa a ayudar a los suyos. ³ Otros, menos severos, atribuyen la responsabilidad no a las personas que emigran sino a quienes les permiten hacerlo, como los países que abren sus fronteras o atraen a su territorio a los más capaces.

La identificación del responsable no carece de consecuencias prácticas: influye en la decisión de las políticas que deben implementarse para reparar el perjuicio. Un país huésped que reconoce su responsabilidad tratará quizá de evitar el “pillaje de cerebros”, practicando lo que hoy se llama, en Europa, “contratación ética”. Y, a la inversa, si se atribuye la responsabilidad únicamente al emigrante se dejará que el país de origen tome las medidas pertinentes. Algunos países pueden simplemente pretender impedir que la afectación sea causada y tratarán de prohibir la emigración de los más calificados o hacerla muy difícil. Otros pueden tomar medidas más compatibles con el derecho de emigrar y buscarán más bien reparar el daño causado. Una de las estrategias propuesta consistiría en gravar fiscalmente, en beneficio del país de origen, los ingresos de los inmigrantes que hayan sido obtenidos en el país huésped. ⁴ Mediante este cobro, que se sumaría a los impuestos pagados en el país receptor, quienes cuentan con estudios superiores compensarían la pérdida del capital social que el país de origen habría sufrido como resultado de su partida.

El presente artículo tiene un doble propósito. El primero consiste en mostrar que incluso si la emigración de los más talentosos constituyera una pérdida para el país de origen, los migrantes calificados no tienen un deber moral de compensar por esta pérdida. El segundo objetivo es argumentar que en el caso de que otras razones nos llevaran a reintegrar los recursos a esos países, sería injusto obtener esos fondos imponiendo impuestos a quienes se desplazan.

El artículo está estructurado en tres partes. La primera identifica los compromisos éticos y metodológicos del debate sobre la fuga de cerebros: el prioritarismo nacionalista está impregnado de presupuestos sedentaristas y elitistas. Pero eso no constituye en sí mismo una crítica. En la segunda parte, planteamos la hipótesis de que pérdidas importantes de bienestar pueden ser causadas no solamente por la migración de las élites. La fuga masiva de mujeres que en ciertos países asumen muchas de las funciones del Estado de bienestar ha sido considerada como un menoscabo de las funciones de apego y cuidado (care drainen inglés): ¿significa eso, sin embargo, que las mujeres deberían indemnizar a su país de origen por esta pérdida? En la última parte regresamos al tema de la emigración calificada para rechazar los argumentos que hacen de la inversión pública en educación una fuente de obligaciones para los migrantes. Mostraremos que es injusto gravar el simple acceso a la oportunidad y que los objetivos del prioritarismo deben cumplirse gravando los ingresos y no el acceso a los ingresos.

I. Ética de la fuga de cerebros

En el debate acerca de la fuga de cerebros, los principios éticos sirven de base a las investigaciones empíricas. Cinco presupuestos normativos intervienen en ese debate.

1. El consecuencialismo

El primer presupuesto es que las acciones deben ser evaluadas en función de sus consecuencias. El tipo de teoría ética que domina los debates acerca de la fuga de cerebros es un consecuencialismo, generalmente centrado en el bienestar (welfarista). Incluso cuando se introducen consideraciones deontológicas, tales obligaciones contraídas por el profesionista con la comunidad de origen no parecen adquirir relevancia sino en la medida en que se les aborde desde una evaluación consecuencialista. Así, la acusación del entonces presidente de Tanzania sería menos creíble si la comunidad de origen fuese opulenta y si el supuesto “traidor” hubiere cruzado la frontera con poco dinero en los bolsillos.

2. El prioritarismo

El segundo presupuesto del debate es que los intereses de los más desfavorecidos deben tener más peso que los de los más ricos en la evaluación ética. La ética consecuencialista del debate sobre la fuga de cerebros es completada, por lo tanto, mediante una posición llamada prioritarismo. ⁵ Aplicada a las cuestiones de justicia internacional, consiste en atribuir una ponderación más grande a la variación del bienestar de los países en vías de desarrollo que a la de los países desarrollados.

Sin embargo, no fue la preocupación por los países pobres lo que ha desencadenó el debate acerca de la fuga de cerebros. La expresión “fuga de cerebros” fue inventada por los periódicos sensacionalistas ingleses para denunciar la emigración de los científicos británicos hacia los Estados Unidos. Esta fue recuperada por los periódicos académicos ⁶ luego de la publicación de un informe de la Royal Society, en 1963. El informe evaluaba la proporción de científicos convertidos en doctores en los años 1950 que habían emigrado, subrayando que casi la mitad de los migrantes habían elegido los Estados Unidos. ⁷ Inicialmente, el debate sobre la fuga de cerebros concernía exclusivamente a los países ricos. Los poderes de Europa occidental, de Rusia y de Israel se alinearon con los británicos que acusaban a los Estados Unidos de “parasitismo a partir de los cerebros de otras naciones”. ⁸ En sus críticas, los oficiales parecían privilegiar una explicación de la emigración a partir de las oportunidades del exterior que atraían a las personas dotadas de alta capacitación (pulí factors), atribuyendo adicionalmente a los Estados Unidos la voluntad activa de favorecer esos factores. Quienes rechazaban tales argumentos insistían, por su parte, en los factores que empujaban a los científicos a partir (push factors), tales como el control de salarios en Gran Bretaña o la estructura rígida del sistema europeo de promoción universitaria. Más allá de las oportunidades científicas y salariales en Estados Unidos, la política migratoria de ese país era un pulí factor que confirmaba las críticas de los otros países ricos. Instaurado en 1924, un sistema de cuotas según el origen debía conservar la composición étnica constante en el país. Los británicos y los migrantes europeos eran así favorecidos. Cuando tales restricciones fueron por fin suprimidas, la perspectiva de un aumento de la inmigración proveniente de los países en desarrollo, en particular asiáticos, se hizo realidad. La modificación de la ley sobre la inmigración en 1965 abrió el debate sobre la fuga de cerebros desde una perspectiva ética decididamente prioritarista. El interés de los países pobres era así el ganador de un debate al cual sólo habían sido invitados los países ricos.

3. El nacionalismo

Según otro presupuesto del debate, lo que supuestamente debe ser objeto de preocupación ética es el país. El tipo de prioritarismo defendido en el debate sobre la fuga de cerebros concierne principalmente a Ios países y no a Ias personas más desfavorecidas. Eventualmente, este enfoque nacionalista es justificado de manera instrumental, al considerarse que la mejor forma de mejorar la situación de las personas más desfavorecidas consiste en promover los intereses de los Estados en los cuales nacieron. Por lo pronto, esta visión parece emanar del nacionalismo metodológico.

Los partidarios del nacionalismo metodológico consideran que el Estado nación es un objeto natural, una unidad de análisis elemental que sirve de punto de partida incuestionable. Este presupuesto, compartido por muchos científicos sociales, tiene un peso particular tratándose del estudio de la migración. Conduce, por ejemplo, a hacer de la migración interna y externa objetos fundamentalmente distintos, o a separar el estudio de la economía nacional con respecto a la economía internacional. ⁹ El concepto de “fuga de cerebros” está adosado a una “filosofía del nacionalismo económico” ¹⁰ que analiza las acciones de los individuos únicamente o prioritariamente a la luz de las consecuencias que tienen sobre el bienestar del país de origen.

En efecto, la “fuga de cerebros” sólo constituye un fenómeno nuevo si se le percibe desde una concepción que circunscriba la educación a las fronteras nacionales. Mucho antes de que el Estado nación como forma de organización social apareciera, los científicos y los intelectuales viajaban y se concentraban en ciertas ciudades para llevar a cabo sus investigaciones, comunicarse con sus pares o simplemente para ganarse la vida. Las primeras referencias escritas a una política que sería hoy calificada como “pillaje de cerebros” aluden a la voluntad de los Ptolemaicos, en el siglo lll de nuestra era, de trasladar la capital de las ciencias y de las letras de Atenas a Alejandría y de mantenerla allí. Pero la historia de la educación y de las ciencias abunda en ejemplos de rivalidades entre universidades y desplazamientos de estudiantes y científicos de una ciudad a otra. ¹¹

El nacionalismo metodológico no se confunde con su equivalente normativo. El defensor de una ética nacionalista no considera el bienestar de los residentes de un Estado, tomado en conjunto, como mero instrumento de estudio, sino que le atribuye valor. Su ideal, cuando defiende una concepción de la justicia a escala mundial, es que sean los países los que gocen de recursos suficientes. En una versión instrumental, el nacionalismo concederá que los individuos son un objeto pertinente de preocupaciones éticas, pero sostendrá que el mejor mecanismo para mejorar la suerte de los más desfavorecidos es el aumentar el bienestar de los Estados nación. Esta posición es difícilmente defendible. Incluso si las naciones fuesen todas Estados rawlsianos que maximizaran tanto como fuese posible la situación de los menos favorecidos, es evidente que su suerte podría mejorarse aún más mediante instancias distintas a las del Estado donde nacieron. ¹² El nacionalismo se sitúa en el extremo opuesto de un enfoque cosmopolítico que evalúe la migración en relación con el bienestar global o con los recursos y las oportunidades ganadas por los individuos, sea cual sea su respectivo origen nacional.

4. El sedentarismo

Según otro supuesto, ligado al anterior, los intereses de los sedentarios cuentan más que los de los migrantes. El sedentarismo presenta también dos aspectos, uno metodológico y otro normativo.

El hecho de que el sedentarismo pueda servir como presupuesto metodológico se observa en la asimetría que existe entre el número de estudios consagrados a la migración y el interés casi inexistente por comprender el comportamiento sedentario. Si existe una preocupación importante por explicar las causas de la migración, por clasificar a los migrantes y comprender su conducta, pocos teóricos han asumido la tarea de explicar por qué y en que condiciones los individuos no migran. La inmovilidad ha comenzado a ser percibida como un problema desde que ciertos espacios, como la Unión Europea, han abandonado sus fronteras y se ha constatado que, incluso en ausencia de oportunidades de trabajo a nivel local, los europeos son poco móviles y, en todo caso, menos móviles que los americanos, por ejemplo. En efecto, si aceptamos la hipótesis de la teoría de la elección racional según la cual los individuos tienden a asumir las oportunidades que maximizan sus ganancias, el sedentarismo constituye un comportamiento tanto más curioso dado que los costos de aprovechar esas oportunidades han disminuido. La baja de los precios de los transportes es un ejemplo. La disminución de esos costos permite también enviar el talento de las zonas donde es menos productivo para instalarlo en regiones donde puede ser más activo. Es sorprendente que los economistas, preocupados por la distribución eficaz de los recursos, continúen buscando explicaciones a la migración en vez de al sedentarismo. Pocos de ellos observan que “los sentimientos nacionalistas de los candidatos potenciales a la inmigración [pueden explicar] que haya menos migración [...] que la que sería económicamente óptima”. ¹³ Ahora bien, esas preferencias sedentarias tienen un costo. Así como el empresario que prefiere dar empleo a los miembros de un grupo particular asume el costo de sus preferencias discriminatorias, ¹⁴ el sedentario elige sacrificar su ingreso suplementario en vez de dejar su lugar de nacimiento. Para explicar tal tendencia, una de las hipótesis formuladas recientemente afirma que es racional hacer a un lado la opción de la movilidad cuando se han acumulado ciertas ventajas como “local”. ¹⁵

La versión normativa del sedentarismo es precisamente la justificación de la prioridad de las preferencias sedentarias y de las ventajas de los “locales”. En su gran mayoría, las teorías de la justicia conceden prioridad al cumplimiento de obligaciones con respecto a los compatriotas. La residencia de larga duración, a veces desde el nacimiento, constituye el criterio implícito para tener derecho a tales ventajas. Ciertas teorías han incluso defendido la idea de que la justicia no puede adquirir contenido sino al interior de una comunidad, la cual dota de significado a los bienes que serán distribuidos, gracias a tradiciones de larga duración. ¹⁶ Dicho de otro modo, no solamente la residencia abre derechos, sino que la residencia de las generaciones anteriores moldea aquello a lo cual uno tiene derecho. Para llegar a ser ciudadano, la inserción profunda y de tiempo atrás del extranjero en la sociedad (su “integración”) es considerada como el criterio mínimo, el más evidente, susceptible de ser objeto de consenso entre las teorías de la adquisición de ciudadanía. ¹⁷ En el debate sobre la fuga de cerebros, el cálculo del bienestar favorece también las preferencias sedentarias: se estima la pérdida de quienes se quedan y nunca el precio que deben pagar en un mundo sedentario quienes parten o quisieran partir.

5. El elitismo

En el centro del debate sobre la fuga de cerebros se encuentra el presupuesto de que ciertos grupos tienen más valor que otros y que su partida debe lamentarse más. Algunos han reaccionado desde el principio de tal debate, señalando que “el pillaje de cerebros [era] en realidad menos importante que el pillaje de cuerpos, efectuado por los países ricos durante los últimos doscientos años”. ¹⁸ Pero más allá de esta alusión a la esclavitud, nadie ha puesto en duda el presupuesto elitista que pretende que sea concedida más importancia a los egresados de las universidades que a las otras categorías sociales. Adicionalmente, las estadísticas que miden la fuga de cerebros toman en cuenta ciertos diplomas en particular, sin justificar en todos los casos esa elección. Por ejemplo, si el reporte de la Royal Society se concentra en los doctores en ciencias (bioquímica, matemáticas, botánica, metalurgia, etc.), otros han tomado en cuenta a informáticos e ingenieros, mientras que hoy se suele enfocar la atención en la salida de médicos. Tales decisiones, que evidentemente no son neutras, deberían pesar en la evaluación de la pérdida de bienestar sufrida. Afirmar que la partida de una categoría de personas con alta formación constituye una pérdida para la economía de un país, sin tomar en cuenta su integración o no al mercado de trabajo, es una tesis que presenta muchos problemas. Es probable que una fuerte especialización de tareas asociada a la escasez de técnicos genere más pérdidas de bienestar que la salida de personas con doctorado. ¹⁹ En este artículo, vamos a considerar el caso de la división sexuada del trabajo y la pérdida causada por la migración de otra categoría social, las mujeres. Esta actualiza, bajo la noción de fuga de protección o de cuidados (care drain), el debate sobre la fuga de cerebros (brain drain).

Para resumir, el prioritarismo que anima el debate sobre la fuga de cerebros es nacionalista: los Estados y no los individuos más desprotegidos son el principal objeto de preocupación ética. El cálculo del bienestar colectivo está distorsionado a favor de las preferencias sedentarias y concede un valor más importante a los miembros de la élite egresada de la educación superior. Al reconstruir ese debate sin los postulados elististas, mostraremos que la posición ética más sólida es un prioritarismo individualista que no favorezca a los sedentarios en detrimento de los migrantes.

II. El impuesto Bhagwati: de la fuga de cerebros a la fuga de cuidados (care drain)

La resistencia frente a la emigración de personas con alta formación profesional se apoya en el valor que se atribuye a la élite ilustrada. ¿Cuál es el fundamento de este valor? Existen dos respuestas a esta pregunta que orientan las políticas hacia objetivos diferentes. La primera consiste en asimilar la élite al valor de sus diplomas y a pretender recuperar la inversión pública. Era así que la Unión Soviética, por ejemplo, justificaba el “impuesto de salida” asignado en 1972 a los candidatos a la emigración. ²⁰ Desde luego, es posible pensar en políticas menos restrictivas que el condicionamiento de la emigración mediante el reintegro de los costos de la educación en una sola exhibición. Pero el principio ético que orienta ese tipo de política es que la inversión de la colectividad debe ser reembolsada. La segunda manera de justificar el interés en la élite ilustrada consiste en estimar no el gasto del pasado, sino la contribución potencial futura. El economista Jagdish Bhagwati propuso tasar a los migrantes calificados en beneficio del país de origen como una compensación por la contribución que ellos habrían aportado si no hubiesen emigrado. ²¹ El principio que orienta este tipo de política afirma que la pérdida de bienestar sufrida por el país debe ser compensada. ¿Es más justo compensar la frustración de ganancia futura que reembolsar la inversión pasada?

1. La pérdida de bienestar

Muchos economistas han negado que un país, si está interesado en el bienestar y no en el número de sus habitantes, sufra una pérdida producto de la emigración. En primer término, si el bienestar está cifrado en términos de ingresos, no habría pérdida, la emigración parecería más bien óptima en términos de Pareto. Mientras que se supone que el ingreso del migrante aumenta, las percepciones de quienes permanecen no disminuyen. Al contrario, si el primero estuviese remunerado de acuerdo con su productividad en el mercado, su partida aumentaría los niveles de capital/trabajo en el país. La ausencia del trabajador que se va permite a los profesionales de su oficio ver su salario revalorarse a la alza. A corto plazo, esta alza tendrá como efecto negativo un aumento de la desigualdad, pero la perspectiva de ingresos acrecentados en la profesión estimulará la competencia y nuevos aspirantes desearán adquirir las credenciales necesarias. En segundo lugar, no debería existir una pérdida fiscal. Se podría pensar que debido a su partida, el emigrante priva al país de su contribución fiscal. Pero si el sistema impositivo se apoya en el principio de proporcionalidad entre contribución y beneficios obtenidos, el emigrante se lleva consigo tanto su contribución potencial como sus exigencias de participar de los bienes públicos. Cuando su partida es definitiva, el emigrante deja de costar a la colectividad. En tercer lugar, la pérdida podría ser formulada en términos de extemalidades positivas, es decir, de los efectos benéficos no remunerados producto de la simple presencia del profesional en la colectividad. Según algunos, esta pérdida es mínima, pues la vocación organizativa, la creatividad o la contribución a la política estarían ligados a la personalidad de cada emigrante y no a una profesión en particular. ²² A menos que supongamos que tales cualidades llevan a las personas a emigrar, ellas parecen estar presentes tanto entre los migrantes como entre los que se quedan.

Se seguiría de lo anterior que los efectos negativos de la emigración para la economía serían resultado de desequilibrios temporales. Entre más sustitutos existan para un perfil profesional determinado y más corta sea la duración de la formación que se requiera, el desequilibrio causado por la emigración será menor. Sin embargo, no todos los países se organizan como mercados: no ajustan fácilmente la mano de obra a las necesidades existentes, ni remuneran los diplomas a su justo valor. Su capacidad de responder a tales desequilibrios difiere de unos a otros. Entre más planificada es la economía, la posibilidad de remplazar la mano de obra es más difícil. Pero la dificultad es más grande para los países que carecen de recursos y, por lo tanto, de capital a ser invertido en la educación. En esos países, el profesionista contribuye al bienestar colectivo más de lo que deja ver su talón de pago y las externalidades negativas de su partida no son despreciables. ²³

2. El impuesto Bhagwati

La tasa impositiva conocida como Bhagwati es una solución razonable. Su objetivo no es ni evitar a toda costa los desequilibrios económicos en el país de origen, ni disuadir la emigración calificada. El periodo gravado se limita a unos cuantos años después de la emigración, aun cuando existen países que gravan a los ciudadanos durante toda su vida, independientemente del lugar de residencia o de la fuente de ingreso. ²⁴ La tasa no hace otra cosa sino extender la idea del impuesto progresivo más allá de las fronteras nacionales, tocando una parte del aumento del ingreso obtenido luego de la migración. Comparada a este aumento, su pretensión no es desproporcionada: si se pagara, durante 10 años, 10% de lo que en forma de impuestos se debe al país de residencia, el migrante podría, según los cálculos de Bhagwati, compensar la pérdida sufrida por el país de origen.

Ahora bien, a partir de los años 90, numerosos estudios han mostrado que los países pobres no pierden sino que ganan gracias a la emigración. Tales estudios van más allá del efecto de ausencia del profesionista, experimentado en el corto plazo. De hecho, la simple presencia de éste no garantiza la productividad pues, como reconoce Bhagwati, a falta de condiciones adecuadas “el ‘cerebro’ [...] puede huir más rápidamente al permanecer sentado en el lugar equivocado que al viajar a Cambridge o a París”. ²⁵ Pero la emigración representa una ganancia neta para los países pobres si se toman en cuenta tres otras variables: el efecto diáspora (el valor de las remesas enviadas y de los intercambios comerciales y tecnológicos producto de la diáspora); el efecto prospectivo (los efectos de las perspectivas de emigración, en particular en el esfuerzo personal e institucional en la educación); el efecto del regreso (los migrantes que regresan gozan de mayor capital humano, financiero y organizacional). ²⁶ Se puede esperar que los migrantes con títulos universitarios, cuyos ingresos son mayores, envíen más dinero al país que los migrantes no calificados, pero algunos estudios cuestionan esta hipótesis. ²⁷ Sea como sea, si consideramos el valor total de las remesas, es considerable: éste rebasa la inversión económica extranjera en los países pobres y representa más del triple de la ayuda al desarrollo. Dicho de otro modo, lo que hacen los migrantes de manera voluntaria rebasa de lejos lo que hacen los Estados de manera altruista y los empresarios de manera interesada. Confrontado a los hechos, el prioritarismo nacionalista no debería tener motivo para oponerse a la emigración, pues ésta ayuda a los países pobres. Pero suponiendo que el bienestar de ciertos países disminuyese por causa de la migración: ¿correspondería a los migrantes compensar esa pérdida?

3. ¿Doble cobro a las mujeres migrantes?

El principio según el cual una pérdida debe ser compensada por la persona que la ha causado parece obvio. Pero no es seguro que siempre se justifique, incluso tratándose de pérdidas muy importantes. Consideremos el caso de la emigración de trabajo femenino que proviene de países pobres. Por razones diversas, que incluyen discriminación y necesidades de mano de obra, las actividades de estas trabajadoras se concentran en los servicios de ayuda personal (carework). Ciertos autores han llamado “pérdida de protección” (care drain) a la sobre-representación de las mujeres migrantes en los servicios de ayuda a las personas. ²⁸ Y las tentativas de renovar el debate acerca de la fuga de cerebros a partir de un enfoque feminista no han faltado, independientemente de que podamos lamentar la dirección que han tomado. ²⁹ De manera semejante a lo ocurrido gracias al debate sobre la fuga de cerebros, algunos autores han denunciado la crisis de protección o de cuidados (care) producida por la desigualdad entre países. ³⁰ Las mujeres de los países ricos “roban” el cuidado y atención presente en los países pobres. Atraídas por un aumento de sus ingresos, las mujeres migrantes se ocupan del cuidado de los niños y ancianos de los países ricos en detrimento de sus propios hijos y de otras personas dependientes que permanecen en los países de origen.

En efecto, cuando la emigración de las mujeres provenientes de ciertos países es masiva, ³¹ la pérdida de bienestar puede ser considerable. En muchos países pobres, con un Estado benefactor poco desarrollado y una división sexista del trabajo, las mujeres toman a su cargo la mayoría de las tareas de cuidado personal (care). Ese trabajo suele ser duro y excesivo, pero es frecuente que se realice gratuitamente. Cuando es remunerado, su valor económico, incluyendo en los países ricos, es subestimado. Ahora bien, ese trabajo tiene una importancia capital para la vida de cada individuo en diferentes momentos de su existencia, así como para el funcionamiento de una colectividad. Numerosos estudios han mostrado que la calidad y la cantidad de cuidados que un niño recibe condiciona su capacidad para establecer relaciones sociales, ser productivo y beneficiarse de oportunidades. ³² Dicho de otro modo, en ausencia de trabajadoras que provean de cuidados personales, muchas personas con altos estudios no aportarían al bienestar del país, como las tesis elitistas dicen que lo hacen. De la misma manera, para los adultos mayores con enfermedades crónicas y dependientes, los cuidados cotidianos que brinda una trabajadora contribuyen más a su calidad de vida y a su longevidad que lo que lo hacen las visitas específicas del médico.

El problema de la fuga de cuidados (care drain) es, por lo tanto, similar al de la fuga de cerebros bajo dos aspectos: la emigración de un grupo puede afectar profundamente a la sociedad entera y son los países pobres, menos habilitados a financiar la protección y cuidados personales, los que resultan más afectados. ¿Se sigue de ello que ese grupo debe compensar la pérdida de bienestar? Son las mujeres migrantes las que causan esa pérdida con su partida. En los hechos, ellas la compensan, como los otros migrantes, mediante transferencias de dinero y mantenimiento de lazos a distancia. Pero, ¿estarían ellas moralmente obligadas a hacerlo? ¿Deberían pagar un impuesto para compensar el valor real del trabajo que ellas suelen ofrecer a título gratuito? Si la pérdida que han causado es más grande que la de los hombres, ¿deberían pagar tal impuesto por más tiempo que los hombres? La conclusión que se impone va en sentido contrario. No toda pérdida debe ser compensada por la persona que la causa.

4. ¿Deben ser compensados los países?

Podría objetarse que la analogía con la fuga de cerebros no es adecuada y que el ejemplo ofrecido muestra solamente que las mujeres no deben compensar por la totalidad de la pérdida de bienestar. En un país donde la tarea de proporcionar cuidados personales descansa en una repartición equitativa entre los sexos, la pérdida de bienestar ligada a aquéllos debería ser compensada tanto por los emigrantes hombres como por las mujeres.

En respuesta a esta objeción, recordaremos que nuestro argumento busca mostrar que el hecho de haber causado una pérdida no constituye una razón suficiente para exigir a la persona una compensación. La abolición de la esclavitud es sin duda un ejemplo más convincente: ésta causa el deterioro del nivel de vida de los propietarios de esclavos, pero eso no supone que los esclavos liberados deban indemnizar a aquéllos. No toda pérdida debe ser compensada por quienes la causan y algunas pérdidas no deben ser compensadas en lo absoluto. Más aún, el hecho de que una pérdida de bienestar sea causada por alguien tampoco es una condición necesaria para proporcionar ayuda a la persona que la sufre. Se debe la compensación a las personas y no al Estado o al bienestar colectivo. Si pensamos que la pérdida de protección y cuidados personales es injusta, no es porque las mujeres migrantes la hayan provocado, sino porque las personas vulnerables tenían derecho de recibir ayuda. Para emplear una metáfora médica, la migración de las mujeres es el síntoma, no la enfermedad a tratar.

De manera análoga, en el debate sobre la fuga de cerebros, lo que debería inquietamos son las necesidades de los individuos y la capacidad de los países a ajustarse a la demanda de mano de obra calificada, no la eventual movilidad de ésta. Algunos pueden incomodarse por la comparación de la fuga de cerebros y la fuga de cuidados. Podrían subrayar que la analogía no se sostiene. Pues si las mujeres no tienen más obligaciones que los hombres de ofrecer trabajo de atención personal, en cambio, las personas con estudios superiores no solamente ofrecen su trabajo a título oneroso al país, sino que la sociedad ha invertido preciosos recursos en su educación y por ello tiene supuestamente el derecho de exigir reciprocidad.

Analizaremos la validez de esta objeción en la sección siguiente, pero antes reflexionemos por un instante en lo que significaría que las mujeres y no los países formulen esta reivindicación. Como George Bemard Shaw lo había señalado, “el caso más claro del mundo en el que una persona produce ella misma algo, mediante su propio y doloroso esfuerzo, prolongado y riesgoso, es el de una mujer que concibe un niño”. ³³ ¿Tiene sin embargo el derecho de limitar el desplazamiento de su hijo o de apropiarse una parte de su salario?

III. El valor de la educación

El valor asignado a la élite con estudios superiores no proviene solamente de la contribución que ésta aportaría al país si permaneciera en él. Una segunda justificación contempla la inversión que la colectividad ha consentido para su educación y que se perdería en caso de emigración. Este argumento se presenta a veces en forma deontológica y, por lo tanto, considera más que el simple gasto educativo cuando considera las consecuencias de la emigración. Esta versión del argumento podría resumirse con la sentencia: la educación obliga. Cuando una colectividad decide gastar sus recursos en educación más que orientarlos a otros bienes, realiza una inversión y tiene el derecho de esperar algo a cambio. El presupuesto de este argumento es que la inversión en educación crea obligaciones para quienes se benefician de ella: la obligación de ejercer la profesión propia en el país (como sugería la analogía del presidente de Tanzania) o rembolsar el costo de la educación (como en el caso del impuesto soviético). Esta visión de la educación como fuente de obligaciones para quienes la reciben se enfrenta a una concepción que ve en ella un medio de asegurar la autonomía de las personas, si no es que la igualdad de oportunidades.

1. La educación como fuente de dividendos

El argumento deontológico está implícito en la analogía del gobernante tanzanio mencionada al principio de este ensayo. Porque presentar al migrante calificado como un traidor es, antes que nada, suponer que ha violado una promesa, una obligación que había contraído. Para calificar luego una promesa incumplida como traición es necesario que el contenido de la promesa tenga un valor importante para quienes la habían recibido, pero también que existan lazos particulares entre las personas que han intercambiado promesas. Por esta razón, el hecho de no aportar provisiones a los familiares que han sacrificado sus últimos recursos para tenerlos, es más que una promesa incumplida, es una traición.

Tal juicio se ajustaría al migrante con estudios superiores si no estuviera basada en una analogía deficiente. El problema de ésta no consiste sólo en presentar la inversión en educación como un contrato implícito entre los beneficiarios de los estudios y los contribuyentes. El problema reside sobre todo en el contenido del contrato. El presidente de Tanzania presenta al migrante calificado como alguien que parte a buscar víveres a un lugar lejano y que no regresa para ayudar a sus familiares. La aceptación que se da a este juicio se apoya en la ilusión de que bastaría un simple acto -aportar las provisiones prometidas- para liberarse de la obligación. Podríamos preguntamos si el contrato que no especifica en qué momento una obligación es satisfecha es efectivamente un contrato. La analogía tampoco dice si las provisiones pueden ser enviadas por medios distintos del retomo del “cerebro” que se ha “fugado” y podemos sospechar que el objeto de la promesa de la que se trata no sea la ayuda material sino el regreso. En ese caso, la analogía nos estaría invitando a consentir al principio de que la inversión en educación crea obligaciones de las cuales la única forma de quedar liberado es ejerciendo la profesión localmente, durante un tiempo equivalente al financiado por la comunidad para los estudios.

Tal obligación sería sin lugar a dudas excesiva. Por más pobre que sea una comunidad, no estaría moralmente autorizada a suprimir la libertad de sus miembros al atarlos indefinidamente a su lugar de nacimiento. El modelo del impuesto soviético tiene la ventaja de ofrecer, al menos en teoría, una posibilidad de elección: o bien el profesionista paga el costo de su educación, o bien ejerce su oficio localmente. Cierto, si tal costo debe ser liquidado antes de la partida y su monto equivale al beneficio que el diplomado habría aportado trabajando en el país toda su vida, los dos enfoques son estrictamente idénticos. Pero toda medida que fiexibilice alguna de esas dos condiciones es menos liberticida que la obligación de permanecer trabajando en el país de origen. Inútil agregar que un país ganaría más al exigir el reembolso del valor entero de los beneficios que el profesionista habría aportado durante toda su vida, que prohibiéndole emigrar. Esta manera de evaluar el costo de la educación sería ventajosa para el país, pero ciertamente injusta.

Se dice con frecuencia que un país ofrece la educación gratuitamente o a bajo costo como inversión que será recuperada a través de los impuestos más elevados que pagarán los egresados y de las extemalidades positivas que producirán a lo largo de su vida activa. Desde esta perspectiva, el monto a rembolsar en caso de emigración debería estar indexado al valor que habría producido el profesionista durante toda su vida si hubiese permanecido en el país. Este argumento parece apoyarse en un principio de justicia (fair-play) que exige reintegrar el valor de un bien que uno ha consumido a bajo precio cuando uno ha frustrado las expectativas de quien nos permitió gozar de dicho precio.

Pero este argumento es falaz. Presupone que la inversión en educación tiene propiedades particulares. A diferencia de otras inversiones, ésta tiene la capacidad de crear obligaciones a cargo de la persona que se beneficia y, de manera recíproca, de conferir derechos a quienes han invertido. Una colectividad que decide invertir en educación ganaría así una especie de derechos de propiedad intelectual sobre los egresados. A la manera en que el inventor de una máquina obtiene regalías por la venta y el uso de ésta, la colectividad tendría un derecho monopólico sobre la mano de obra calificada. Esta no podría venderse en otro mercado mientras la persona que la poseyera (sin ser plenamente su propietario) no hubiera rembolsado el valor de la utilidad esperada de la inversión. En efecto, en ningún otro debate político, la idea de John Rawls de considerar la distribución de talentos como una “ventaja colectiva” ³⁴ ha encontrado mejor aplicación que en esta visión que obliga a las personas con educación superior a trabajar para quienes les han permitido formarse. Pero, asimismo, en ningún otro debate político que al tratarse de “la esclavitud de los talentosos” permitida por una tal apropiación colectiva de los talentos se ha revelado ser tan pertinente la crítica de Robert Nozick. Pues si una colectividad que decide invertir en educación puede limitar así la libertad de los más talentosos, la educación se convierte en un medio de sometimiento, una manera de “tratar las aptitudes y los talentos de las personas también como medios para otros”. ³⁵ La educación tiene ciertamente un costo, pero ese costo no debería ser el de la libertad de elegir dónde y para quien trabajar.

2. Medidas para emparejar las oportunidades a escala global

La visión de la educación como inversión y medio de colecta de dividendos se opone a una concepción que ve en ella un mecanismo de asegurar la autonomía de las personas. Lo que las filósofas feministas y los teóricos de la justicia intergeneracional nos han revelado es que “las personas no surgen en el campo como champiñones”, los humanos nacen inevitablemente dependientes y tienen necesidad de ayuda para llegar a ser personas. ³⁶ Las generaciones adultas no tienen la posibilidad de invertir sus recursos en educación o de orientarlos hacia otros bienes, si esta inversión no les parece suficientemente rentable. Una parte de los recursos debe siempre ser destinada a las generaciones que los adultos mismos han producido. La educación es un medio de dotarlas de autonomía y, cuando es financiada colectivamente, de evitar que una desigualdad de oportunidades demasiado grande se instaure en el seno de la generación que nos sigue.

Decir que las generaciones que preceden tienen obligaciones hacia las generaciones que les siguen no es lo mismo que afirmar que el deber de financiar la educación recaiga en cada colectividad nacional, ni que el campo de aplicación de la igualdad de oportunidades se detenga en las fronteras de cada Estado. El ideal de igualdad de oportunidades es, por su justificación primera, un ideal de justicia global. Cuando se le defiende como objetivo de las políticas nacionales, está fundado en el principio de que nadie merece nacer en una familia pobre y no debería ser castigado por su origen social. Esas características son, como decía Rawls, moralmente arbitrarias. Pero el origen nacional no es más “merecido” que el origen social. ³⁷ Nadie merece nacer en las fronteras de un Estado y ver limitado su acceso sólo a las oportunidades que se encuentran en él. El campo de aplicación de una concepción de la igualdad de oportunidades que tenga la ambición de ser coherente se extiende al nivel global. Este ideal sería plenamente alcanzado cuando “un niño nacido en el rural Mozambique tendría estadísticamente la misma probabilidad de convertirse en un banquero que el hijo de un banquero suizo”. ³⁸ Y así como no dejamos a las familias la carga financiera de la educación de sus hijos, de la misma manera no deberíamos limitar el acceso a la educación por el azar de los recursos que se encuentran en posesión de una u otra de las comunidades estatales. La educación tiene, cierto, un costo, pero ese costo debería ser financiado por un fondo global. ³⁹

En un mundo con fronteras y desigualdades, algunos podrían querer utilizar la idea del impuesto Bhagwati para alimentar el fondo global y financiar la educación de los más privilegiados. Los migrantes con estudios superiores, se podría argumentar, se han beneficiado de dos veces más oportunidades que algunos de sus compatriotas: por una parte, han tenido acceso a la educación en el país de origen y, por otra, tienen acceso a oportunidades nuevas en el país receptor. El impuesto Bhagwati podría ser utilizado no para compensar una pérdida en el país de origen, sino para financiar una política de igualdad de oportunidades a nivel global, en beneficio de los países que tienen más necesidad.

Este argumento tiene en el sedentarismo un apoyo por una extraña filosofía fiscal. Por una parte, la migración es reconocida como parte integral del acceso a las oportunidades. En efecto, las oportunidades se sitúan en el espacio y para acceder a ellas es a veces necesario desplazarse. Rawls había modificado la lista de bienes primarios para incluir no solamente “los derecho fundamentales y las libertades cubiertos por el primer principio de justicia, [sino también] libertad de movimiento, y libre elección de profesión protegida por una justa igualdad de oportunidades". ⁴⁰ No siendo un defensor del cosmopolitismo, él hacía desde luego referencia a la libertad de circulación en el interior de cada Estado. Sin embargo, la idea que él defendía era que la elección del lugar de trabajo y de ocupación estaban entre los que contaban más en el acceso a la oportunidad y debían ser protegidos por instituciones respetuosas de la igualdad equitativa de oportunidades. Ahora bien, la propuesta que consiste en cobrar un impuesto a los migrantes, es decir, a las personas que se desplazan para tener acceso a la oportunidad, muestra una visión extraña de la filosofía fiscal. Ella supone que lo que debe tasarse es la movilidad social ascendente y no los ingresos mismos. Este principio implicaría aplicar un impuesto a una persona muy pobre cuando logra ganar unos pesos más y no a una persona muy rica cuyos cuantiosos ingresos no han aumentado. Evidentemente este impuesto no sería justo. Si bien los migrantes deben contribuir, como cualquier otra persona, al fondo global, es su ingreso y no el aumento de su ingreso lo que debe constituir la base para fijar el cobro. Proponer un impuesto a los migrantes por el sólo hecho de serlo significa ceder a un prejuicio sedentarista en demérito de un sentido de justicia.

Conclusión

El objetivo de este artículo fue mostrar que los migrantes calificados no tienen una obligación moral, en tanto migrantes, de compensar a sus países de origen. Ni los argumentos basados en las pérdidas, ni los que invocan la inversión de la colectividad en la educación son suficientes para apoyar semejante obligación. Sin embargo, nuestra posición implícita en este artículo es la del prioritarismo: los individuos más desfavorecidos, considerados a la escala global, deben tener prioridad en las políticas de redistribución. Ahora bien, el interés de los más desfavorecidos, al que apelan frecuentemente los participantes en el debate sobre la fuga de cerebros, estaría mejor protegido al apoyarse en una concepción cosmopolítica sobre la igualdad de oportunidades. Los migrantes, como cualquier otra persona, tienen la obligación de contribuir a ella.

Notas

¹ Traducción del francés de Bernardo Bolaños Guerra. Revisión de la traducción: Mónica González Contró.

² Cf. art 13(2) de la Déclaration universelle des droits de l ’homme, 1948.

³ Discurso del Presidente Julius Nyerere, 12 de mayo de 1964, citado por M. Sinclair, « Canadian Involvment of Brain Drain from Africa : Opportunities for Action » Issue : A Journal of Opinión, 1979, 9(4), pp. 19-25.

⁴ Jagdish Bhgwati, “The United States in the Nixon Era: The end of Innocence”, Daedaius,101, núm. 25, 1972, pp. 41-44.

⁵ Término introducido por Derek Parfit, “Equality and Priority”, Ratio,10, 1997, pp. 202221.

⁶ Véase el debate en Science iniciado por John Maddox, “Scientific Migration: Britain Agitated Anew by Research Team’s Decisión to Move to United States”, Science,New Series, vol. 143, núm. 3608, 1964, pp. 786-788; y los comentarios de I. Willis Russell, “Among the New Words”, American Speech,vol. 40, núm. 2, 1965, pp. 141-146.

⁷ Según las cifras contenidas en el informe, 13% de los doctores considerados pertinentes por el estudio habían emigrado y entre ellos casi 45% se establecieron en Estados Unidos. Según otro estudio citado, 75% de los científicos que partieron a Estados Unidos regresaron a Gran Bretaña. “The Emigration of Scientists from the United Kingdom. Report of a Comitee Appointed by the Royal Society”, Minerva, 1(3), 1963, pp. 358-362

⁸ Cf. el discurso parlamentario de Lord Hailsham del 27 de febrero de 1963, retomado en Minerva, 1(3), 1963, pp. 363-64.

⁹ El concepto de “nacionalismo metodológico” fue popularizado por Andreas Wimmer y Nina Glick Schiller en “Methodological nationalism and the study of migration”, European Journal of Sociology, 2002, 43(2), pp. 217-40, retomado en:“Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences”, Global NetWork, 2002, 2, 4, pp. 301-34.

¹⁰ Harry G. Johnson, “The Economics of the ‘Brain Drain’: The Canadian Case”, Minerva,3(3), 1965, p. 300.

¹¹ Cf. por ejemplo, Stevan Dedijer I, “‘Early’ Migration”, en Walter Adams (ed.), The Brain Drain, 1968, Nueva York y Londres, Macmillan, pp. 9-28.

¹² Véase, por ejemplo, la propuesta de Stéphane Chauvier según la cual una política justa de inmigración debe favorecer a los más desfavorecidos de los países pobres: « Immigration rationnée », Raisons Politiques,núm. 26, 2007, pp. 41-61.

¹³ Harry G. Johnson, “An “Internationalist” Model”, en Walter Adams (ed.), The Brain Drain, Nueva York y Londres, Macmillan, 1968, p. 70.

¹⁴ Gary Becker, The Economics of Discrimination, University of Chicago Press, 1971

¹⁵ P. Fisher, E. Holm, G. Malberg y T. Straubhaar, “Why do People Stay? Insider Advantages and Immobility”, HWWDiscussionPaper 112, Hamburg Institute of International Economics: http://www.hwwa.de/Forschung/Publikationen/Discussion_Paper/2000/112.pdf

¹⁶ Michael Walzer, Spheres o f Justice. A Defense o f Pluralism and Equality, Basic Books, 1983

¹⁷ Jonhatan Seglow, « Quatre théories de l’acquision de la nationalité » Raisons Politiques, 2007, 26, pp. 149-174; Seyla Benhabib, The Rights o f Others: Aliens, Residents and Citizens, Cambridge, Cambridge University Press, 2004

¹⁸ JohnT. Saidy, “Migrating Medies”, Science,núm. 3758, 1967, p. 27

¹⁹ Esta hipótesis, formulada en términos elitistas, es considerada por el modelo de Deves Kapury John MeHale, Give Us Your Best and the Brightest. The Global Hunt fo r Talent and Its Impact on the Developing World, Center for Global Development, Washington, 2005, en Annexe A, pp. 211-13

²⁰ Siendo la Unión Soviética un país cerrado a la emigración, esta política concernía a las personas de origen judío cuya partida había sido comprada por el Estado de Israel y reembolsada por los interesados.

²¹ Jagdish Bhgwati y W. Delalfar, “The Brain Drain and Income Taxation”, World Developement, 1(2), 1973, pp. 94-101.

²² Herbert B. Grabel y Anthony D. Scott, “The International Flow of Human Capital”, en The American Economic Review, vol. 56, núm. 1-2, 1966, pp. 268-74.

²³ Jagdish Bhgwati y W. Delalfar “The Brain Drain and Income Taxation”, en op. cit. p. 94.

²⁴ Estados Unidos y los regímenes fiscales que se inspiran de éste, como Filipinas, Nueva Zelanda y en el pasado México, utilizan la ciudadanía como criterio de cobro, cf. Richard Pomp “The Experience of the Philippines in taxing its Non Resident Citizens” en Income Taxation and International Mobility, Jagdish Bhagwati y John D. Wilson (eds), MIT Press, 1989, pp. 43-82

²⁵ Jagdish Bhgwati, In Defense of Globalization, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 208.

²⁶ Para una presentación sucinta véase Devesh Kapur y John McHale, “Should a Cosmopolitan Worry about ‘The Brain Drain’?”, Ethics and International Affairs, 20 (3), 2006, pp. 30520.

²⁷ Ricardo Faini, “Remittances and the Brain Drain: Do More Skilled Migrants Remit More?” The World Bank Economic Review, 21(2), 2007, pp. 177-191.

²⁸ Bettio et al. (2006) “Change in care regimes and female migration: the ‘care drain’ in the Mediteranean”, Journal of European Social Policy, 16, pp. 271-85.

²⁹ La inclusión de temas feministas en el debate sobre la fuga de cerebros ha sido contraproducente dada la discriminación de que son objeto las mujeres migrantes con estudios superiores. Véase el contundente informe de la OCDE (2006), International Migration Outlook, París OECD Editions, así como la ausencia de estudios sobre la fuga de cerebros femeninos. Cf. Morrison, A. Shiff, A, Sjoblon M. (2007) The International Migration ofWomen, World Bank ; Docquier, F. Marfouk, A. Lindsay Lowel, B. (2007) “AGenderd Assesment of Brain drain”: http://www.ires.ucl.ac.be/CSSSP/home_pa_pers/docquier/filePDF/DML_Gender.pdf.

³⁰ Hochschild, A. (2001) “Global Care Chains and the Emotional Surplus Valué”, en A Giddens, W. Hutton (eds) On the Edge. Living with Global Capitalism, Londres, Vintage, pp. 13046; Ehrenreich, B. Hochschild, A. (2003), The Global Woman. Nannies Maids and Sex Workers in the New Economy, NY, Metropolitan Books.

³¹ El hecho de que las mujeres migren más que los hombres constituía una de las « leyes de la migración» enunciada en 1885 por Ravenstein para la migración interna. Cf Emest G. Ravenstein, “The Laws of Migration”, Journal o f Statistical Society ofL ondon, 48 (2), 1885, pp. 167-205. Las estadísticas actuales muestran una ligera mayoría de mujeres entre los migrantes de los países ricos, siendo esta proporción más marcada en ciertos países.

³² V. Held (1993), Feminist Morality: Transforming Culture, Society and Politics, Chicago, University of Chicago Press; E. Kittay, (1999), Love’s Labor: Essays on Women, Equality, and Dependency, Nueva York, Routledge; J. Tronto, (1993), Moral Boundaries: A Political Argumentfor an Ethic o f Care. Nueva York, Routledge.

³³ George Bernard Shaw, The Intelligent Woman ’s Guide to Socialism and Capitalism, New Brunswick, N.J, Transaction Books, 1984, p. 21.

³⁴ John Rawls, A Theory of Justice, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 156.

³⁵ Robert Nozick Anarchy State and Utopia, Basic Books, 1974, p. 228.

³⁶ Eva Feder Kittay et al « Dependency, Difference and the Global Ethic of Longterm Care », Journal of Political Philosophy, 13(4), 2005, p. 443.

³⁷ Para el desarrollo de este argumento, véase el artículo de Joseph Carens en este mismo número.

³⁸ Darrell Moellendorf, Cosmopolitan Justice, Westview Press, 2002, p. 79.

³⁹ Para la defensa de un fondo global véase Hillel Steiner, «Just Taxation and International Redistribution », en Global Justice, I. Shapiro y L. Brilmayer (eds), NY University Press, 1999, pp. 171-91 ; Thomas Pogge, “Eradicating Systemic Poverty: brief for a global resources dividend”, Journal o f Human Development,2 (1), 2001, pp. 59-77. 40 “The basic rights and liberties covered by the first principie of justice, [but also freedom of movement, andfree choice of occupation protected by fair equality opportunity”. John Rawls, Political Liberalism, Nueva York, Columbia University Press, 1993, p. 181. Las cursivas son nuestras.

⁴⁰ “The basic rights and liberties covered by the first principie of justice, [but also freedom of movement, andfree choice o f occupation protected byfair equality opportunity”. John Rawls, Political Liberalism, Nueva York, Columbia University Press, 1993, p. 181. Las cursivas son nuestras.

Notas de autor

* La investigación realizada para el presente artículo comenzó gracias a la Cátedra Hoover de la Universidad Católica de Lovaina y fue concluida con el financiamiento del Instituto Emile du Chátelet y la Región íle-de-France. Agradezco a Marc Rüegger, Raúl Magni Berton y OlivierNalin sus comentaros iluminadores.

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